El secuestro de las instituciones de la República



El síndrome de Estocolmo es un trastorno temporal que aparece en una persona que ha sido secuestrada y que consiste en justificar y comprender al secuestrador. Hoy, los argentinos padecemos esta grave enfermedad en gran parte del marco institucional y republicano. El gobierno ha adoptado el rol de secuestrador disponiendo y gobernando a través de decretos de necesidad y urgencia, y los ciudadanos han enfermado sin saberlo tomándolos como actos de gobierno normales.


Habemos quienes venimos planteando y proponiendo una serie de proyectos por medio de los cuales el funcionamiento de las instituciones es posible, adaptados claramente a la triste realidad sanitaria y política que nos invade desde hace algún tiempo. En tal sentido, la mayor parte de ellos tuvo como objetivo que las sesiones del Parlamento vuelvan a retomarse, a través de distintas plataformas digitales.


El gobierno ha adoptado sistemáticamente desde el inicio de la pandemia el rol de “secuestrador” de la república en toda su expresión, agravado éste por la toma de decisiones de manera unilateral, controvertidas y hasta injustificadas, con una constante violencia verbal al gobierno anterior y delegando en él responsabilidades pasadas que justifican su actual accionar de “legitimación” anti republicano.


Pero así como las legislatura ha dejado de funcionar a pesar de tener al alcance de la mano herramientas que suplanten la presencia de los legisladores, la justicia ha sido socavada en igual sentido. El acceso a la misma no está garantizado y días pasados hemos presentado un proyecto en el ámbito provincial para que se puedan llevar a cabo audiencias de mediación de manera digital en el marco de la ley 13.951.-

En el ámbito de la Justicia Nacional se ha decretado por resolución administrativa 121/2020 del Ministerio de Justicia, la posibilidad de llevar a cabo mediaciones a través de medios electrónicos en esa jurisdicción. Una decisión acertada pero que, una vez más, no da lugar al funcionamiento republicano atento la modalidad adoptada por el Ejecutivo Nacional.


Aquí las dos caras de una misma moneda, una provincia sin acceso garantizado a la justicia y una Nación con justicia por decreto. Es contra esta arbitrariedad en donde debemos plantarnos como representantes de la oposición y defender los derechos no solo de nuestros votantes, sino de todos los argentinos.


El avasallamiento institucional no debe ser una constante en las situaciones de crisis como siempre lo ha sido y como está ocurriendo en la actualidad. Pronto las enfermedades sanarán, la crisis pasará y volveremos a la normalidad de nuestra vida diaria, pero el gobierno está cometiendo un grave error dejando un precedente negativo de continuar con su actual política de autoritarismo y abuso.


Nos encontramos ante una gran oportunidad de que las instituciones empiecen de a poco a sanar del síndrome que las aqueja y somos los legisladores quienes empezamos a tener a nuestro alcance la cura. Nuestra función fue, es y será reclamar y exhortar al gobierno a no ser el secuestrador de nuestras instituciones, de nuestra vida republicana y sobre todo de nuestros vecinos. Confiamos en que la justicia volverá a funcionar y que la legislatura sesionará pronto, y sino, será responsabilidad del gobierno explicar porque hirió de muerte a las instituciones republicanas.

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